A pesar de tener que soportar España a Urdangarín (todavía esposo de la Infanta Cristina, hija del Rey) mientras los dirigentes del PP en Valencia y Baleares accedían a despilfarrar el dinero público en las oscuras actividades de aquél y por las que se encuentra imputado por la justicia, ahora nos encontramos con un caso insólito de presunta corrupción, pero no de la Infanta. (Todavía estoy esperando que procesen a Camps “el elegante” y de nuevo a Jaume Matas por su mala administración del dinero de los contribuyentes).
Resulta que la Agencia Tributaria (del Ministerio de Hacienda) ha facilitado los datos al juez que investiga a Urdangarín sobre la venta de 13 fincas a nombre de su esposa Cristina. Esas transacciones ya están prescritas por el paso de los plazos legales para ser investigadas por la Agencia Tributaria (aunque podrían ser investigadas si concurriera algún delito). No seré yo quien defienda a la Infanta en este caso (que lo tiene fácil) porque nunca me creeré que no conociera las actividades por las que investigan a su marido, pero en este caso la considero totalmente inocente. Y la pregunta clave en esta metedura de pata del Ministerio de Hacienda tiene varias vertientes:
1.- Los datos que figuran en los archivos de la Hacienda Pública son facilitados por terceros (Notarios y Registradores de la Propiedad).
2.- Yo estoy seguro que ciertamente la Infanta Cristina nunca fue dueña de esas fincas imputadas por el Ministerio de Hacienda.
3.- Los datos facilitados por la Agencia Tributaria al juez del caso Urdangarín mencionan unas transacciones ¡¡que no se investigaron en su plazo legal!! ¿Por qué? ¿Por qué la Agencia investiga a todo mortal que vende una casa y procura que no prescriban los plazos aunque la deuda sea de sólo 300 euros y no se investigó fiscalmente aquella cantidad de transacciones? ¿No sería porque el nombre que aparecía era de la Familia Real? En este caso, alguien deberá ser juzgado por inacción.
4.- Trece Notarios y Registradores de la Propiedad NO se pueden equivocar a la vez.
La conclusión es evidente: ¿No sería posible que algún “pícaro” –notario o registrador- considerase que, realizando transacciones con el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de alguien de la Familia Real, le saldría barato no pagar impuestos? Si éste fuera el caso, la “picardía” se habría extendido por el gremio. Después de todo, mucha gente conoce el mecanismo de la numeración de los DNI de los miembros de la Familia Real. ¿Cómo ahondar en lo que no quiero ni imaginarme? Pues que la Agencia Tributaria investigue el resto de los DNI de la primera familia de España, pero no para procesarlos, sino para descubrir cuántos notarios y/o registradores se han “equivocado”. Porque en este caso concreto, 13 son demasiados para un mismo DNI.
Misterios al descubierto 